La ley tipifica el fraude postal como delito federal, proporcionando a los estadounidenses de a pie su primera protección real contra los estafadores que utilizaban el correo para vender medicamentos falsos, realizar estafas piramidales y llevar a cabo timos de lotería. Otorga a las autoridades federales el poder de investigar y perseguir a los estafadores que utilizan el servicio postal para engañar a los consumidores. La ley establece que el fraude postal es un delito federal.

El Tribunal Supremo permitió la regulación federal de la venta minorista de medicamentos, reforzando la autoridad de la Administración Federal de Medicamentos (FDA) sobre la comercialización de fármacos. Las farmacias y los minoristas deben ahora cumplir las normas federales sobre etiquetado, almacenamiento y prácticas de venta de medicamentos, garantizando la protección de los consumidores frente a medicamentos peligrosos o con marcas falsas.

El Tribunal Supremo permitió la regulación federal de la venta de medicamentos al por menor.